Por Bruno Cortés
La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, anunció que hoy la Comisión de Justicia dictaminará una iniciativa suya para endurecer las penas a quienes recluten a niñas, niños y jóvenes para el crimen organizado. La propuesta busca modificar el artículo 201 del Código Penal Federal, aumentando las sanciones de 7-12 años de prisión a 10-20 años, con el fin de proteger a la infancia y juventud de México frente a la violencia y la explotación criminal.
En entrevista con los medios que cubren las actividades de la Cámara de Diputados, López Rabadán explicó que el incremento de la pena no es solo simbólico, sino una medida concreta para frenar la manipulación de jóvenes por parte de grupos delictivos. “Estamos hablando de sanciones mucho más altas para aquellos que lastiman el presente y el futuro de nuestros jóvenes. El crimen organizado ha encontrado en ellos un recurso fácil y vulnerable, y debemos protegerlos”, afirmó.
La iniciativa también busca generar mayor claridad en la legislación, estableciendo que cualquier persona que induzca, aliente o facilite la participación de menores en actividades criminales sea considerada responsable y enfrentará las nuevas penas. López Rabadán enfatizó que la medida no solo castiga, sino que busca prevenir que más jóvenes caigan en las redes del crimen, fortaleciendo los mecanismos de protección y actuación de las autoridades judiciales.
La Comisión de Justicia, que sesionará este día a las 17 horas, dictaminará esta propuesta junto con otras iniciativas en materia de justicia y protección a la niñez y juventud. La diputada celebró que, una vez aprobado el dictamen y llevado al Pleno, la Cámara de Diputados estará enviando un mensaje claro de que el Estado no permitirá que los menores sean utilizados por criminales.
Más allá de la pena, López Rabadán subrayó que la reforma refleja un enfoque integral de política pública: protección, prevención y sanción. Se busca que las autoridades puedan intervenir de manera más efectiva en casos de reclutamiento de menores, y que los jueces tengan herramientas claras para imponer penas proporcionales a la gravedad del delito.
Finalmente, la legisladora recordó que la iniciativa es resultado de un análisis de la situación nacional, donde numerosos reportes muestran que los jóvenes son víctimas frecuentes del crimen organizado, en particular en zonas con altos índices de violencia. Con esta reforma, el Congreso da un paso concreto hacia la protección de la juventud y el fortalecimiento del Estado de derecho en México.