Veracruz a 13 de octubre, 2025.- Las lluvias torrenciales de octubre 2025 desnudaron una falla grave en la administración estatal: Veracruz, un estado con historia de vulnerabilidad frente a huracanes e inundaciones, atraviesa una crisis no solo por la emergencia natural, sino por una decisión política que dejó a cientos sin respaldo.
Desde el 1 de junio pasado, el gobierno de Rocío Nahle dejó expirar la póliza de seguro que cubría daños por desastres naturales, sin que hubiera un relevo inmediato. Dicha póliza, contratada durante la gestión de Cuitláhuac García a través de Seguros Ve por Más (Bx+), venció el 30 de mayo de 2025. En lugar de renovarla, la administración morenista impulsó la creación de una aseguradora estatal: la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales (AVSI).
El decreto que faculta a AVSI –organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación– indica que deberá prestar cobertura patrimonial y financiera ante desastres naturales, fenómenos hidrometeorológicos u otros riesgos que afecten bienes e infraestructura estatal. Pero la realidad comprobada en estos días funestos reveló que AVSI carece de personal capacitado, fondos confiables y rapidez operativa para responder en situaciones de emergencia.
El desastre natural se abatió con todo su peso sobre Veracruz en octubre: más de 300 mil afectados según cifras preliminares. El saldo trágico suma decenas de muertos, personas desaparecidas, casas llevadas por el agua, calles convertidas en ríos y puentes derrumbados. En municipios como Poza Rica, el río Cazones se desbordó sin que se activara una alerta efectiva; las imágenes mostraron colonias completamente sumergidas. Ciudadanos indignados reclamaron con confrontación directa a la gobernadora durante su visita, exigiendo explicaciones por la falta de ayuda inmediata y los desaparecidos.
En respuesta, Nahle minimizó el desastre: al referirse al desbordamiento del Cazones lo calificó como “ligero”, aunque los testigos y las fotografías mostraban lo contrario, con inundaciones de varios metros. Su gestión, mencionan críticos, ha fundado su política de riesgos en una apuesta: reemplazar una aseguradora privada por una estatal que, hasta ahora, ha demostrado insuficiencia técnica. En teoría, AVSI podría operar también seguros de vida, salud y responsabilidad civil para servidores públicos. Pero su puesta en marcha real no ha estado a la altura de la emergencia.
El problema no es sólo táctico: la omisión vulnera mandatos legales. La Ley General de Protección Civil exige que los estados cuenten con mecanismos financieros o aseguradores que respalden daños provocados por fenómenos naturales, condición para que proceda una declaratoria de emergencia federal. Al prescindir del seguro externo justo antes de la temporada lluviosa, Veracruz quedó sin la protección que legalmente debería tener.
El golpe político es tangible: según encuestas de Demoscopia Digital, la gobernadora ocupa el puesto 22 entre las entidades evaluadas, con una aprobación cercana al 49.1 %. La crisis actual podría erosionar aún más ese respaldo. Organizaciones civiles y periodistas advierten que la negligencia no es sólo de tiempo perdido, sino de justicia negada para quienes han visto su patrimonio desaparecer y han perdido seres queridos.
El balance de la tragedia no puede quedar sólo en los números de afectados. Quienes están en las zonas inundadas necesitan certezas: que la infraestructura vuelva, que la ayuda sea real, y que nunca más gobernantes actúen como si los seguros fueran un lujo prescindible. Veracruz merece protección, no promesas pintadas.
