Por Bruno Cortés
Ir al súper, a la farmacia o a cualquier tienda y pagar por la bolsa se ha vuelto algo tan común que muchos ya lo ven como normal. Sin embargo, en la Cámara de Diputados se busca cambiar esa práctica. El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para que los comercios absorban el costo de las bolsas de acarreo o cualquier empaque que entreguen al consumidor, siempre que estos cumplan con la normatividad ambiental vigente.
La propuesta modifica la Ley Federal de Protección al Consumidor para dejar claro que ningún establecimiento puede cobrar, de manera directa o indirecta, por la entrega de bolsas, ni condicionar la venta de un producto o servicio a que el cliente las compre. Si un comercio lo hace, la ley lo consideraría una práctica abusiva y podría ser sancionado.
El planteamiento parte de un problema global. De acuerdo con datos internacionales, cada minuto se compran un millón de botellas de plástico y cada año se utilizan alrededor de 500 mil millones de bolsas. Gran parte de estos residuos termina en drenajes, ríos y océanos, con un impacto ambiental severo. En México, el consumo no es menor: cada familia usa en promedio 650 bolsas al año, lo que explica por qué desde 2018 más de 20 estados han restringido o prohibido los plásticos de un solo uso.
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No obstante, Mejía Berdeja señala que la transición ecológica tomó un rumbo que afecta al consumidor. Tras la eliminación de las bolsas plásticas tradicionales, muchos comercios comenzaron a vender bolsas “ecológicas”, biodegradables o de tela. Lo que debía ser una política ambiental se convirtió, en la práctica, en un cobro adicional por algo indispensable para transportar productos que ya fueron pagados.
Desde una lógica de política pública, el diputado sostiene que la bolsa forma parte del servicio de venta y no es un producto extra. En términos simples, los costos de empaque, exhibición y entrega ya están integrados en el precio final de los artículos. Trasladar ese gasto al cliente rompe con los principios de equidad y buena fe en la relación entre consumidor y proveedor.
La iniciativa busca, además, alinear la protección al consumidor con las políticas ambientales. La idea es que el costo de la transición hacia empaques más sustentables no recaiga en las personas, sino en quienes obtienen el beneficio económico de la actividad comercial.
El proyecto ya fue turnado a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad y propone adicionar el artículo 7 Ter a la ley. Si avanza, cambiaría una práctica cotidiana que hoy pesa en el bolsillo de millones de consumidores, sin frenar los objetivos ambientales que dieron origen a la eliminación de las bolsas de plástico.
