Por Bruno Cortés
En el Congreso mexicano hay debates que parecen técnicos, pero que en realidad tienen implicaciones muy claras en cómo se juega la política. Uno de ellos es la revocación de mandato, y ahora el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira Valdez, lanzó una advertencia directa: este mecanismo podría estarse usando con fines electorales.
Para entenderlo fácil, la revocación de mandato es una herramienta que, en teoría, permite a la ciudadanía quitar a un gobernante si no está cumpliendo. Es como una especie de “evaluación a mitad del camino”. Pero lo que señala Moreira es que, en la práctica, este instrumento se ha ido transformando en otra cosa: una herramienta que puede servir para hacer campaña.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional sostiene que la intención de empatar este ejercicio con las elecciones intermedias de 2027 cambia completamente el sentido original. ¿Por qué? Porque en lugar de ser un mecanismo ciudadano, podría convertirse en una plataforma para posicionar a actores políticos justo en pleno proceso electoral.
Según su lectura, el antecedente más claro lo dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando impulsó su propia consulta. Desde esa lógica, dice Moreira, ya no se trata de que la ciudadanía inconforme pida la revocación, sino de que los propios gobiernos la utilicen para legitimarse o impulsar su agenda política.
El punto más delicado está en el calendario. La discusión actual abre la puerta a que la revocación se realice en el tercer año de gobierno, lo que coincide con el periodo previo a las elecciones intermedias. En términos prácticos, eso permitiría que figuras en el poder tengan mayor exposición justo cuando se están definiendo cargos en el Congreso y gobiernos locales.
Además, el legislador advierte que no solo impactaría a nivel federal. También podría incluir a gobernadores en funciones, lo que ampliaría el alcance político de este mecanismo. Es decir, no sería solo una evaluación ciudadana, sino un movimiento con efectos directos en varias elecciones al mismo tiempo.
Otro punto que pone sobre la mesa es el costo. Organizar una elección ya es caro; sumar una consulta de revocación en el mismo año podría duplicar gastos y complicar la logística electoral. Desde su perspectiva, esto no solo es ineficiente, sino que podría volver más difícil la organización de los comicios.
Pero quizá el argumento más fuerte es político: Moreira recuerda que cuando se aprobó la reforma hace seis años, el acuerdo central era que la revocación no coincidiera con elecciones. Hoy, dice, se estaría rompiendo ese consenso, lo que abre un nuevo frente de tensión entre fuerzas políticas.
En el fondo, lo que está en juego no es solo la fecha de una consulta, sino el sentido de una política pública clave para la democracia. ¿Es la revocación un instrumento ciudadano o una herramienta electoral? Esa es la pregunta que empieza a tomar forma rumbo a 2027.
