Por Bruno Cortés
En el Congreso mexicano se está cocinando uno de los proyectos económicos más ambiciosos de los últimos años, y el encargado de explicarlo es el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar. La propuesta suena técnica, pero en realidad toca algo muy concreto: cómo se va a invertir el dinero para construir carreteras, hospitales, trenes y hasta sistemas de agua en todo el país.
La nueva ley busca movilizar cerca de 6 billones de pesos de aquí al 2030. Para ponerlo en perspectiva, no es dinero que salga completamente del gobierno, sino una mezcla: recursos públicos, inversión privada y hasta ahorro institucional, como el que manejan fondos o bancos de desarrollo. Es lo que en política pública se conoce como inversión mixta, una especie de “vaquita” entre gobierno y empresas para financiar obras grandes.
La lógica detrás es sencilla: el gobierno no tiene suficiente dinero para hacerlo todo solo, pero sí puede generar condiciones para que empresas inviertan con confianza. Ahí entran instituciones como el Fondo Nacional de Infraestructura y Banobras, que funcionan como motores financieros para detonar estos proyectos.
Uno de los puntos clave es que esta estrategia no se queda en el gobierno federal. También busca que estados y municipios se suban al modelo, usando herramientas similares para financiar sus propias obras. Además, se contempla la creación de un consejo encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que funcionará como una especie de “torre de control” para supervisar que los proyectos avancen y detectar problemas a tiempo.
Otro elemento interesante es la posible participación de las Afores. Es decir, parte del ahorro para el retiro de los trabajadores podría invertirse en estos proyectos. Aquí la clave —según Ramírez Cuéllar— es que ese dinero seguiría siendo de los trabajadores y estaría protegido por la ley, aunque se use para generar rendimientos en infraestructura.
Desde el punto de vista económico, el mensaje es claro: se busca detonar crecimiento sin recurrir a deuda excesiva. El diputado insiste en que no se trata de endeudar al país, sino de generar condiciones para que la inversión privada vea rentable apostar por México, con reglas claras y mayor certeza.
En paralelo, el legislador también se metió al debate político-electoral. Sobre el llamado “Plan B”, planteó que lo ideal sería concentrar varias elecciones en 2027 —incluyendo gubernaturas, distritos y una posible revocación de mandato— y dejar la del Poder Judicial para 2028. La idea, en términos prácticos, es reorganizar el calendario electoral para hacerlo más eficiente, aunque no todos los partidos están convencidos.
Finalmente, Ramírez Cuéllar dejó ver que lo que viene no es solo infraestructura. Adelantó un paquete fuerte en materia anticorrupción, reconociendo que aún existen privilegios y resistencias dentro del sistema político. En otras palabras, mientras se construyen carreteras y trenes, también se busca —al menos en el discurso— reconstruir las reglas del poder en México.
Así, entre números millonarios y reformas de fondo, lo que está sobre la mesa es una apuesta grande: usar la inversión como palanca para el desarrollo, sin perder de vista los pendientes históricos en transparencia y combate a la corrupción.
