Por Juan Pablo Ojeda
La crisis de desaparición forzada en México dio un giro internacional luego de que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada activara un mecanismo sin precedentes para llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU. La decisión se basa en indicios de que en el país podrían estarse cometiendo crímenes de lesa humanidad.
El organismo internacional invocó el Artículo 34 de la Convención en la materia, una herramienta excepcional que se utiliza cuando un Estado enfrenta un escenario crítico y generalizado. En términos simples, lo que está diciendo la ONU es que el problema ya rebasó la capacidad institucional del país y requiere atención global urgente.
El diagnóstico es contundente: la magnitud de las desapariciones, su patrón sistemático y el impacto directo en la población civil cumplen con los criterios del derecho internacional para ser considerados crímenes de lesa humanidad. Aunque el Comité aclaró que no encontró evidencia de una política deliberada desde el gobierno federal, también dejó claro que no es necesario que exista una orden desde arriba para que estos delitos entren en esa categoría.
Uno de los puntos más delicados es la posible colusión entre autoridades y crimen organizado. La ONU documentó casos donde funcionarios públicos habrían participado directa o indirectamente, ya sea por acción, omisión o tolerancia. Además, subrayó que, bajo estándares internacionales, los grupos criminales también pueden cometer este tipo de crímenes si actúan de forma sistemática contra civiles.
El problema no es solo de seguridad, también es institucional. El sistema forense mexicano está rebasado: más de 4,500 fosas clandestinas han sido localizadas, con miles de cuerpos y restos humanos recuperados, mientras que alrededor de 72 mil restos siguen sin identificar. Esto refleja no solo la magnitud de la tragedia, sino también las limitaciones del Estado para dar respuestas a las familias.
En este contexto, la decisión de escalar el caso no busca señalar culpables individuales, sino encender alertas a nivel mundial. La ONU pretende que la comunidad internacional intervenga con apoyo técnico, financiero y operativo para fortalecer la búsqueda de personas, mejorar los procesos forenses y proteger a quienes, en muchos casos, hacen el trabajo que el Estado no alcanza a cubrir: las familias y colectivos de búsqueda.
Lo que está en juego no es menor. Más allá del debate político, esta acción coloca a México en el radar internacional como un país que enfrenta una de las crisis humanitarias más complejas de su historia reciente.
