El Gobierno de México consolidó la recuperación de 578 millones de dólares derivados de la red de corrupción del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Un tribunal civil en el estado de Florida, Estados Unidos, emitió un fallo definitivo que ordena a la familia Weinberg y a su conglomerado de empresas devolver dicha suma a la tesorería de la federación mexicana. Los recursos corresponden a contratos asignados de forma directa y con sobreprecios durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), precisó que con esta última resolución el monto total acumulado a favor del Estado mexicano asciende a 3 mil 067 millones de dólares. Las auditorías forenses aplicadas a los contratos de seguridad tecnológica e infraestructura penitenciaria revelaron márgenes de intermediación ilícita que superaron el 300% de su valor real de mercado.
La ejecución de la sentencia judicial en Estados Unidos dictamina que el reembolso no se limitará a transferencias bancarias líquidas en efectivo. El convenio de liquidación forzosa incluye la adjudicación inmediata y posterior remate de propiedades inmobiliarias, departamentos de lujo, vehículos de alta gama y activos corporativos localizados en las ciudades de Miami y Nueva York. El valor de estos bienes inmuebles cubrirá el adeudo determinado por el juez de la causa.
Este veredicto complementa las resoluciones emitidas previamente en mayo de 2025, cuando el mismo tribunal de Florida impuso una penalización financiera que superó los 2 mil 448 millones de dólares en contra de García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra. El rastreo financiero de la UIF demostró que el dinero era triangulado a paraísos fiscales en el Caribe antes de ser invertido en el sector de las bienes raíces norteamericano.
El expediente penal que originó este litigio civil detalla que Genaro García Luna purga una condena de 38 años y 4 meses de prisión en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acreditó que el exfuncionario recibió millonarios sobornos por parte del Cártel de Sinaloa a cambio de facilitar el tráfico de toneladas de cocaína y filtrar datos de inteligencia militar a las facciones delictivas.
La estructura técnica de la demanda civil mexicana en el extranjero requirió el procesamiento de miles de estados de cuenta bancarios, transferencias electrónicas tipo SWIFT y testimonios corporativos coordinados mediante tratados de asistencia jurídica mutua. La defensa de la familia Weinberg agotó los recursos de apelación tras comprobarse el uso de identidades falsas y empresas fachadas inscritas en Panamá y Delaware.
La captación final de los fondos recuperados será gestionada por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) de la Ciudad de México una vez que concluyan los avalúos regulados por los alguaciles federales estadounidenses. Las proyecciones de las autoridades hacendarias prevén que la transferencia total de los 578 millones de dólares remanentes tome un periodo estimado de entre seis y nueve meses debido a los trámites notariales internacionales.
