Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados ya se está cocinando una propuesta que busca poner orden —y sobre todo justicia— en el trato hacia los animales en México. La diputada de Morena, Azucena Arreola Trinidad, lanzó una iniciativa que no es menor: crear una Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, algo que hoy simplemente no existe a nivel nacional.
El punto de partida es claro. Actualmente, cada estado tiene sus propias reglas, lo que provoca un mosaico legal bastante disparejo. En pocas palabras: lo que es sancionado en una entidad, en otra puede pasar casi desapercibido. Por eso la legisladora insiste en que ya urge una ley general que alinee criterios y obligue a los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— a coordinarse en serio.
La iniciativa, publicada el pasado 4 de marzo en la Gaceta Parlamentaria, ya está en manos de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su análisis. Y aquí es donde empieza el jaloneo político fino: aunque hay avances constitucionales —como las reformas a los artículos 3, 4 y 73—, todavía falta bajar esas ideas a reglas claras y aplicables en todo el país.
Arreola lo pone en términos simples: sí hay leyes que tocan el tema, como las ambientales o de sanidad animal, pero ninguna articula todo en un solo marco. Es como tener piezas sueltas de un rompecabezas que nunca termina de armarse.
¿Y qué propone esta nueva ley? De entrada, atacar de frente el maltrato animal, prohibir prácticas como la zoofilia, establecer sanciones claras y garantizar condiciones básicas de bienestar. Aquí entran los llamados “cinco dominios”: buena alimentación, entorno adecuado, salud, comportamiento y, en general, una vida digna para los animales.
Pero el tema no es solo ético, también es social. México enfrenta un problema enorme: alrededor de 23 millones de perros y gatos viven en la calle. Aunque casi siete de cada diez hogares tienen mascota, el abandono sigue creciendo. Cada año, medio millón de animales termina sin hogar. Y sí, el dato pega: México lidera en Latinoamérica en casos de maltrato.
La propuesta también busca apoyar a quienes ya están haciendo la chamba que el Estado no alcanza: refugios y albergues. La idea es darles facilidades y respaldo, en lugar de dejarlos operar a contracorriente. Además, se plantea incluir estrategias de control sanitario y de plagas, para que el tema no se vea solo desde el cariño a las mascotas, sino también como una política pública integral.
En el terreno político, la diputada ya está dialogando con la presidenta de la comisión dictaminadora, Gabriela Benavides Cobos, del PVEM, para empujar el proyecto. El mensaje es claro: después de la reforma constitucional, ya no hay pretexto para no avanzar en una ley secundaria que aterrice todo.
Así, entre cifras duras, presión de colectivos animalistas y un Congreso que poco a poco empieza a voltear al tema, la discusión sobre bienestar animal podría dar un paso clave. Falta ver si el consenso alcanza o si, como suele pasar, la iniciativa se queda atorada en el trámite legislativo.
