Por Bruno Cortés
Cuando se habla de cambio climático suele parecer un tema lejano, técnico o reservado para expertos, pero en realidad está mucho más cerca de lo que pensamos: en la basura que generamos todos los días, en el transporte que usamos para movernos y en las decisiones que se toman —o se dejan de tomar— desde el Congreso. Así lo planteó la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Partido del Trabajo, al rendir su informe sobre la participación de México en la COP30, la cumbre climática más importante del mundo, realizada en Belém do Pará, Brasil.
En su reporte, publicado en la Gaceta Parlamentaria, la legisladora fue clara: no basta con pequeños ajustes, México necesita un cambio de fondo en la manera en que maneja sus residuos, hace cumplir las normas ambientales y coordina sus políticas públicas. Dicho en sencillo, no alcanza con separar la basura en casa si el sistema completo sigue fallando, ni sirve tener buenas leyes si no se aplican.
Desde su experiencia en la COP30, donde participaron miles de personas, cerca de 60 jefes de Estado y representantes de parlamentos de todo el mundo, De la Luz Rivas explicó que el objetivo central del encuentro fue fijar la ruta de las decisiones que marcarán la política climática en los próximos años. A diferencia de otras reuniones, esta cumbre avanzó en acuerdos vinculantes, es decir, compromisos que ya no se quedan solo en discursos, sino que obligan a los países a actuar.
Uno de los temas clave fue el transporte. La diputada reconoció que en México hay avances, pero todavía estamos lejos de contar con un sistema realmente ecológico. En palabras simples: seguimos dependiendo de vehículos que contaminan, mientras la transición hacia opciones limpias avanza lento. Por eso, subrayó la importancia de asumir compromisos claros para la descarbonización y de fortalecer alianzas que permitan cumplir la meta de 2030: vehículos eléctricos de cero emisiones que sean accesibles y no un lujo para unos cuantos.
Durante la cumbre, la legisladora participó en espacios donde se discutió cómo acelerar soluciones reales, especialmente en el transporte por carretera. Ahí se puso sobre la mesa algo fundamental para entender las políticas públicas: ningún gobierno puede hacerlo solo. Para que las metas climáticas funcionen, se necesita coordinación entre autoridades, empresas y sociedad civil, además de financiamiento que apueste por proyectos con menor impacto ambiental.
Otro punto relevante fue el intercambio de experiencias en América Latina y el Caribe sobre cómo integrar la acción climática en los compromisos nacionales, cómo financiar proyectos bajos en carbono y cómo construir reglas claras para una economía más sostenible. En términos prácticos, se trata de alinear el cuidado del medio ambiente con el desarrollo económico, para que no se vean como enemigos.
El agua también ocupó un lugar central en las discusiones. En la COP30 se habló de cómo incorporar los riesgos hídricos en las decisiones de empresas, gobiernos y ciudades, algo especialmente sensible para México, donde las sequías y la escasez ya afectan a millones de personas. La idea es sencilla pero potente: si no se toma en serio el tema del agua hoy, el costo económico y social mañana será mucho mayor.
Finalmente, la diputada destacó su participación en el evento de alto nivel sobre gestión de residuos y economía circular, donde se presentó una iniciativa enfocada en prevenir, reducir y reutilizar los desechos antes de que se conviertan en un problema ambiental y de salud. En otras palabras, dejar atrás el modelo de “usar y tirar” y pasar a uno donde los residuos se aprovechen y se reduzcan desde el origen.
El mensaje que deja este informe es claro y conecta directamente con el debate legislativo en México: el cambio climático no es solo un tema ambiental, es un asunto de economía, de salud y de bienestar social. Y si no se enfrenta con políticas públicas coordinadas y de largo plazo, el costo lo terminarán pagando los ciudadanos de a pie.
