Por Bruno Cortés
En medio del debate por reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, el diputado Elías Lixa Abimerhi, coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, dejó clara la postura de su bancada: el PAN votará a favor porque considera que es un avance en el reconocimiento de los derechos laborales. Pero —y aquí está el matiz— advierte que la reforma llega incompleta y con riesgos si no se acompaña de apoyos concretos.
Lixa lo explicó en términos sencillos: reducir la jornada es positivo, pero no basta con cambiar el número de horas en la Constitución. Hace meses se hablaba de garantizar dos días de descanso por cada cinco trabajados, algo que hoy no está claramente asegurado en el dictamen. Para millones de trabajadores, ese detalle hace toda la diferencia entre una mejora real en su calidad de vida o solo un ajuste técnico.
Además, el legislador puso el foco en las micro, pequeñas y medianas empresas. En México, buena parte del empleo formal depende de las Mipymes. Si la jornada baja a 40 horas sin un plan de respaldo fiscal o financiero, dijo, el costo podría recaer completamente en los empleadores, y eso podría traducirse en despidos o en menor contratación. En otras palabras: si el gobierno quiere ampliar derechos laborales, también debe asumir parte del impacto económico.
El coordinador panista también adelantó otra propuesta: que el aguinaldo quede protegido en la Constitución y que sea libre de impuestos. Su argumento es que no se puede hablar de fortalecer el ingreso de las familias si, al mismo tiempo, el Estado no hace su parte para aliviar la carga fiscal.
En paralelo, la conversación política se ha movido hacia una posible reforma electoral. Lixa criticó que no haya diálogo real con todas las fuerzas políticas y cuestionó que se hable de mesas de trabajo sin que la oposición forme parte efectiva de ellas. Desde su óptica, cualquier cambio en las reglas del juego democrático debe construirse con transparencia y consenso, no con imposiciones.
El diputado también abordó el tema de seguridad tras recientes operativos contra el crimen organizado. Reconoció la actuación de las Fuerzas Armadas y expresó solidaridad con las familias de los elementos caídos, pero sostuvo que el combate no puede limitarse a capturar o neutralizar líderes criminales. Aseguró que hace falta una estrategia integral que incluya prevención, información oportuna a la ciudadanía y, sobre todo, un combate frontal a la infiltración del crimen en estructuras gubernamentales.
En ese punto, insistió en la necesidad de una reforma que sancione la llamada “narcopolítica”: nulidad de elecciones cuando intervenga el crimen organizado y cancelación de registro a partidos que se financien con recursos ilícitos. La idea, explicó, es quitar incentivos a cualquier vínculo entre política y delincuencia.
En el fondo, la postura de Elías Lixa combina dos ejes: ampliar derechos laborales sin descuidar la estabilidad económica y fortalecer la seguridad sin sacrificar la transparencia. Para él, reducir la jornada es un paso correcto, pero solo funcionará si el Estado asume su responsabilidad y si las reformas no se quedan en discurso, sino que se traduzcan en mejoras reales para trabajadores y empresas.
