La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que México atraviesa una crisis de inseguridad en todo el territorio nacional y subrayó que, más allá de partidos o ideologías, es indispensable una coordinación efectiva entre los distintos niveles y poderes de gobierno para enfrentar al crimen organizado y devolver la paz a las comunidades.
Durante una entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada sostuvo que negar la gravedad del problema implica desconocer la realidad que viven municipios y estados, donde diariamente se registran hechos violentos que afectan a miles de familias. Aseguró que, desde el Poder Legislativo, existe una obligación constitucional de responder con leyes y acciones que protejan a la ciudadanía y contribuyan a frenar la espiral de violencia.
López Rabadán enfatizó que la seguridad y la paz deben ser una prioridad para todos los servidores públicos, sin excepción, y para los tres órdenes de gobierno. Señaló que el problema no distingue regiones, ya que tanto en el norte como en el centro, sur y sureste del país se repiten historias de dolor, sangre y pérdida. En este contexto, consideró que los constantes minutos de silencio en la Cámara de Diputados, en memoria de víctimas, reflejan la magnitud de la tragedia, pero también evidencian la urgencia de que el Estado garantice condiciones reales de seguridad.
La legisladora fue enfática al señalar que el debate ya no debe centrarse en banderas partidistas, sino en la necesidad de salvar vidas. Afirmó que el crimen organizado, incluso cuando está infiltrado en gobiernos, debe ser detenido sin importar el partido político al que pertenezcan los responsables. Para López Rabadán, el problema atraviesa a toda la nación y requiere una respuesta institucional firme y coordinada, pues de lo contrario esta generación de políticos podría cargar con una deuda histórica frente a la ciudadanía.
En ese sentido, insistió en que si la estrategia de seguridad no está funcionando, debe corregirse. Consideró que es indispensable una estrategia inteligente, coordinada y con capacidad de adaptación, ya que la prioridad debe ser devolver a las familias mexicanas la tranquilidad y la certeza de que su vida y su integridad están protegidas. También reconoció la importancia de los programas sociales, pero subrayó que estos no pueden sustituir la necesidad básica de seguridad y justicia.
Al referirse a hechos recientes, como el hallazgo de mineros sin vida y reportes de posibles fosas clandestinas, López Rabadán expresó su solidaridad con las familias y reiteró que estos acontecimientos refuerzan la obligación del Estado de garantizar seguridad. Evitó politizar los casos y recalcó que la violencia debe enfrentarse con coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, independientemente del partido que gobierne en cada entidad.
En otro tema, la presidenta de la Cámara también se refirió a la posible reforma electoral. Señaló que tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde Ecologista de México tienen una responsabilidad histórica, ya que la pluralidad política del país se construyó cuando estos partidos eran oposición. Confió en que ambos actúen con fortaleza institucional y democrática, y defendió la necesidad de que todos los partidos políticos sean escuchados en cualquier modificación legal o constitucional relacionada con las reglas electorales.
López Rabadán recordó que la propuesta oficial de reforma aún no se ha presentado formalmente y expresó su deseo de que exista el tiempo suficiente para un diálogo amplio, en el que participen todas las fuerzas políticas, así como la sociedad civil, académicos y expertos. Como presidenta de la Cámara, aseguró que su gestión buscará garantizar un espacio de pluralidad y escucha, donde todas las voces puedan ser consideradas.
En conjunto, sus declaraciones reflejan una postura que combina una crítica directa a la situación de inseguridad con un llamado a la corresponsabilidad institucional. Para la legisladora, el reto de recuperar la paz en México no admite dilaciones ni cálculos políticos, sino una acción coordinada y sostenida que coloque la vida y la seguridad de las personas en el centro de la agenda nacional.
