Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, puso sobre la mesa un mensaje que, más allá del protocolo, tiene implicaciones directas en cómo se hacen las leyes y cómo se gasta el dinero público en México. Al inaugurar el “Encuentro Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas”, dejó claro que mientras la violencia siga siendo visible y cotidiana, el Congreso está obligado a ajustar la ley y el presupuesto.
En palabras sencillas, ¿qué significa eso? Que no basta con condenar la violencia en discursos. Desde la Cámara de Diputados se pueden cambiar reglas, crear nuevos delitos, fortalecer castigos, pero también decidir cuánto dinero se destina a refugios, fiscalías especializadas, programas de prevención en escuelas y campañas de concientización. Sin presupuesto, cualquier política pública se queda en buenas intenciones.
López Rabadán insistió en que la violencia de género debe ser prioridad no solo en la conversación pública, sino en las decisiones del Estado. Eso implica que, cuando se discuta el Presupuesto de Egresos, los recursos para atender y prevenir agresiones contra mujeres y niñas no se recorten ni se diluyan. En términos prácticos: que haya dinero suficiente y reglas claras para usarlo bien.
Durante el encuentro, que reunió a legisladoras, representantes de organismos internacionales y organizaciones civiles, la diputada reconoció la presencia de la relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra mujeres y niñas, Reem Alsalem, así como de especialistas como Patricia Olamendi y la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Anais Burgos Hernández. La idea, explicó, es escuchar datos, diagnósticos e indicadores técnicos que ayuden a mejorar las leyes.
Porque aquí hay un punto clave: en política pública lo que no se mide, no se puede corregir. Si no hay cifras confiables sobre dónde, cómo y contra quién ocurre la violencia, el Congreso legisla a ciegas. Por eso habló de la necesidad de trabajar con evidencia y construir indicadores puntuales que permitan evaluar si las estrategias funcionan o no.
López Rabadán también recordó los avances en paridad de género desde 2018. Hoy hay más mujeres en cargos públicos que nunca. Pero fue clara: tener más diputadas, senadoras o gobernadoras no significa que el problema esté resuelto. Las leyes han avanzado, sí, pero en las calles y en los hogares la realidad sigue siendo compleja.
Otro punto relevante fue el enfoque preventivo. La violencia, dijo, no surge de la nada; se alimenta de desigualdades que empiezan desde la infancia. Por eso habló de trabajar no solo con mujeres y niñas, sino también con hombres y niños, para romper patrones culturales que normalizan la discriminación. Eso se traduce en políticas educativas, campañas públicas y coordinación entre gobierno federal, estados y municipios.
En el fondo, el mensaje de la presidenta de la Mesa Directiva fue político, pero también institucional: la Cámara de Diputados no solo debe debatir, sino actuar. Revisar leyes, perfeccionarlas, cerrarle el paso a vacíos legales y garantizar que las mujeres puedan vivir con seguridad no es un favor, es una obligación constitucional.
El reto ahora será que lo dicho en el encuentro se convierta en reformas concretas y en decisiones presupuestales firmes. Porque en el Congreso, las palabras pesan, pero los votos y el dinero aprobado pesan más.
