Por Bruno Cortés
El debate sobre la reforma a la Ley General de Salud volvió a sacudir al Congreso, y esta vez el foco no sólo está en los vapeadores, sino en cómo una mala decisión puede empujar a millones de personas hacia el mercado negro sin resolver el problema de fondo. El diputado Elías Lixa Abimerhi, coordinador del PAN, lo resumió con claridad: la reforma es enorme, confusa y, entre otras cosas, criminaliza a quienes usan vapeadores en México, especialmente a los jóvenes.
Desde su perspectiva, esta prohibición absoluta no sólo es exagerada, sino peligrosa. En un país donde los grupos criminales ya manejan buena parte del tráfico de lo prohibido, agregar otro producto a la lista —como los vapeadores— es prácticamente regalarles un nuevo negocio. Y no se queda ahí: Lixa señala que, detrás de cada cargamento ilegal que entra al país, hay corrupción en las aduanas. Lo dice sin rodeos: estos dispositivos llegan porque alguien dentro del gobierno permite que lleguen. Y si eso pasa con algo tan pequeño como un vapeador, imagínese lo que ocurre con los buques de gasolina que, según él, provocan pérdidas fiscales del tamaño del “huachicol” pero en versión aduanal.
El diputado insiste en que la solución no es prohibir y hacerse de la vista gorda. Para él, el gobierno está cometiendo un error de diseño de política pública: creer que cerrar los ojos hace desaparecer la realidad. En lugar de criminalizar a los usuarios, el Estado debería regular la calidad de los productos, establecer estándares de fabricación y, sobre todo, mantenerlos lejos de los menores de edad. Porque, dice, es ilógico castigar con cárcel a un joven que vapea cuando ni siquiera existe evidencia científica sólida que justifique una prohibición tan extrema.
Y aquí entra otro punto que afecta directamente a la salud pública: lo que entra de manera ilegal no pasa por controles de calidad. Eso significa que, al prohibir en lugar de regular, el gobierno está empujando a los consumidores hacia productos más riesgosos, elaborados sin estándares y vendidos en total clandestinidad. Es un círculo vicioso: más prohibición genera más mercado negro, y más mercado negro genera más daño.
Lixa también subrayó una contradicción que todos pueden ver: aunque la importación ya estaba prohibida, los vapeadores están por todas partes, incluso dentro del propio Congreso. No llegaron por arte de magia, dice. Llegaron porque las aduanas están capturadas por intereses corruptos. Y por eso remarca que los verdaderos criminales no son los jóvenes que vapean, sino quienes desde el gobierno se coluden con traficantes, operan rutas ilegales y permiten que entren cargamentos completos sin supervisión.
El fondo del mensaje es claro: prohibir lo que no se puede controlar sólo fortalece a quienes viven de la ilegalidad. Y, desde la lógica del diputado, criminalizar un acto que no afecta a terceros —como usar un vapeador— es un exceso que desvía la atención de los verdaderos delincuentes. En cambio, regular podría reducir riesgos, garantizar calidad y proteger a los jóvenes sin abrir nuevos espacios para la corrupción.
El debate apenas empieza, pero lo que deja claro Lixa Abimerhi es que esta reforma, tal como está planteada, puede terminar generando más problemas de los que pretende resolver.
