La propuesta de reforma al Artículo 5 de la Ley para la Donación Altruista de Alimentos fue presentada por la diputada Leticia Haro Jiménez durante una sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México el pasado 23 de marzo. El objetivo central es fortalecer el marco jurídico vigente frente a problemáticas como el desperdicio de alimentos y la inseguridad alimentaria en entornos urbanos.
De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, actualmente hasta 828 millones de personas padecen hambre en el mundo, mientras cerca de tres mil millones no tienen acceso a dietas saludables, pese a que la producción alimentaria global es suficiente. Estas cifras sirven de sustento a la iniciativa presentada en el ámbito local.
El proyecto legislativo plantea incorporar de manera explícita los conceptos de participación solidaria y comunitaria dentro de la ley, con el fin de garantizar que tanto consumidores como actores institucionales adopten un enfoque corresponsable en el aprovechamiento de alimentos.
Según el documento turnado al pleno, la legisladora subraya que la donación altruista constituye una herramienta estratégica para fortalecer políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la alimentación, así como para promover el uso eficiente y socialmente responsable de los recursos disponibles.
Asimismo, la iniciativa reconoce que este tipo de prácticas ha demostrado eficacia en diversos contextos internacionales para combatir el desperdicio de alimentos y reducir condiciones de vulnerabilidad alimentaria, particularmente en grandes ciudades con altos niveles de desigualdad.
El planteamiento también destaca el valor social de compartir insumos alimentarios, al considerarlo una práctica que fomenta la responsabilidad colectiva y la conciencia sobre el uso adecuado de recursos, elementos clave en la construcción de una cultura de sostenibilidad.
En términos jurídicos, se recuerda que el derecho a la alimentación está reconocido desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y fue reforzado en 1966 mediante el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumentos que obligan a los Estados a garantizar condiciones para su cumplimiento.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos del Congreso capitalino, donde será analizada y dictaminada. Su eventual aprobación podría redefinir el papel de la sociedad y las instituciones en el combate al hambre en la Ciudad de México.
