En la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, alrededor de 260 migrantes —en su mayoría venezolanos solicitantes de refugio y al menos 100 menores de edad— sobreviven desde hace casi dos años en un campamento improvisado junto a las vías del tren. El intento de desalojo por parte del gobierno capitalino, el pasado 19 de febrero de 2026, reavivó el conflicto: mientras las autoridades ofrecieron traslado a albergues, los migrantes rechazaron la propuesta y vecinos exigieron una solución inmediata ante problemas sanitarios y de seguridad.
Rechazo a la reubicación: “Prefiero quedarme aquí”
El operativo incluyó autobuses y un camión para trasladar a las familias a refugios alternos. Sin embargo, los migrantes declinaron subir a las unidades.
Yeliana Moren, migrante venezolana, aseguró que los albergues ofrecidos “parecen penales o anexos”, con condiciones que —según dijo— no garantizan dignidad ni seguridad. Aunque reconoció problemáticas dentro del campamento, como consumo de drogas y conflictos internos, defendió la permanencia en el sitio.
Organizaciones civiles interpusieron amparos para frenar el desalojo, lo que derivó en la suspensión del operativo tras la falta de acuerdos en la mesa de diálogo.
Vecinos al límite: salud, basura e inseguridad
Habitantes de Vallejo demandan la reubicación urgente del campamento. Señalan acumulación de basura, desechos en coladeras y falta de servicios básicos como baños y agua potable.
La preocupación creció tras confirmarse al menos cinco casos de sarampión en la escuela primaria “La Prensa”, ubicada a escasos metros del asentamiento. Padres de familia y directivos alertan sobre riesgos sanitarios para la comunidad escolar.
Además, residentes denuncian episodios de violencia entre migrantes relacionados con consumo de alcohol y drogas, así como presunta explotación infantil y aumento de la inseguridad en la zona.
Un conflicto que arrastra años
El campamento surgió en 2024 como punto de espera para personas que iniciaron trámites de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). La lentitud en los procesos ha prolongado la estancia de decenas de familias, generando tensiones recurrentes.
En estos dos años se han reportado incendios, condiciones precarias y señalamientos de vínculos con actividades ilícitas, aunque defensores de derechos humanos subrayan que la mayoría de los migrantes buscan únicamente regularizar su situación y acceder a oportunidades laborales.
Madres de familia de la colonia y la directora de la escuela coinciden en un punto: la solución debe ser integral y digna, tanto para los migrantes como para la comunidad local.
Entre la urgencia y la dignidad
El caso de Vallejo expone la compleja encrucijada entre política migratoria, derechos humanos y gobernabilidad urbana. Mientras los migrantes temen perder lo poco que han construido en estos dos años, vecinos exigen recuperar condiciones básicas de salubridad y seguridad.
La tensión continúa y la pregunta persiste: ¿cómo garantizar una salida humanitaria que no deje a nadie atrás?
