Durante sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, el diputado Alberto Vanegas Arenas presentó una iniciativa para modificar la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles, con el objetivo de incorporar el Artículo 61 Bis y establecer la obligación de realizar inspecciones preventivas en instalaciones consideradas de alto riesgo.
La propuesta plantea que estas revisiones se lleven a cabo de manera periódica tanto en áreas comunes como en unidades privativas, y que sean ejecutadas exclusivamente por personal certificado. Asimismo, se busca que las administraciones de los condominios documenten los resultados y actúen de inmediato ante cualquier anomalía detectada.
El legislador advirtió que la falta de mantenimiento y supervisión técnica en instalaciones de gas y electricidad representa un riesgo compartido entre vecinos. “Cuando vivimos en condominio compartimos más que espacios comunes, compartimos riesgos”, señaló, al subrayar que una falla dentro de una vivienda puede escalar rápidamente y afectar a todo el inmueble.
Como sustento de la iniciativa, se recordaron incidentes recientes en la capital. Uno de ellos ocurrió en la colonia Paseos de Taxqueña, donde una explosión por acumulación de gas LP dejó personas lesionadas, daños estructurales y obligó a evacuar a decenas de habitantes. En otro caso, en la Unidad Habitacional Fuentes Brotantes, un corto circuito derivó en un incendio en dos departamentos.
De acuerdo con el planteamiento, actualmente no existe una disposición clara que obligue a realizar revisiones técnicas periódicas en este tipo de instalaciones, lo que genera ambigüedad en las responsabilidades y propicia que el mantenimiento preventivo sea postergado por motivos económicos o falta de consenso entre condóminos.
El diputado también alertó sobre la vulnerabilidad adicional de la ciudad ante fenómenos naturales, al recordar que la capital del país se encuentra en una zona sísmica. Los movimientos telúricos pueden dañar conexiones de gas, tuberías o cableado sin que el deterioro sea visible de inmediato, lo que incrementa el riesgo de accidentes si no se realizan inspecciones regulares.
La iniciativa fue turnada para su análisis a las Comisiones Unidas de Unidades Habitacionales y Régimen Condominal, así como a la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, instancias que deberán evaluar su viabilidad técnica, operativa y presupuestal antes de su eventual aprobación.
De aprobarse, la reforma implicaría nuevas obligaciones para administradores y propietarios de condominios, pero también abriría el debate sobre los costos de implementación, la capacidad de supervisión de las autoridades y la necesidad de garantizar que las revisiones sean accesibles y efectivas para evitar que la norma quede sólo en el papel.
