Por Bruno Cortés
La disputa política por la marcha del 15 de noviembre sigue creciendo, y ahora alcanzó de lleno al Senado. La panista Lilly Téllez anunció que presentará un punto de acuerdo para exigir que la presidenta Claudia Sheinbaum se abstenga de ordenar o promover cualquier investigación o señalamiento que pueda criminalizar a quienes asistieron a la protesta convocada por la llamada “Generación Z”. La senadora argumenta que la movilización no debe convertirse en un pretexto para perseguir disidencias, y pidió que se garantice el derecho constitucional a manifestarse sin miedo a represalias.
Téllez sostiene que la protesta debe investigarse, sí, pero desde otra óptica: la que revisa posibles excesos policiales. La legisladora solicitará a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que indague lo ocurrido ese día, luego de que las autoridades capitalinas reportaran un saldo de 100 policías y 20 civiles lesionados. Según su propuesta, la dependencia deberá identificar y sancionar a los elementos que hayan actuado con fuerza indebida, además de publicar un informe transparente sobre las medidas que tomará para evitar que se repitan escenas de violencia.
El planteamiento también incluye un llamado a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para investigar posibles abusos en la difusión de imágenes y datos personales de jóvenes manifestantes. De acuerdo con la senadora, es necesario establecer protocolos claros para proteger la identidad y la información sensible de quienes participan en protestas, especialmente cuando existen denuncias de exposición indebida en redes sociales o medios oficiales.
Mientras tanto, la respuesta del Gobierno federal no bajó el tono. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la marcha no buscaba llegar a Palacio Nacional, sino provocar un enfrentamiento. Aseguró que varios asistentes portaban herramientas como esmeriles y ganzúas para derribar la valla de contención instalada en el Zócalo, y que la mayoría de los participantes eran adultos vinculados a grupos como la “marea rosa” o el bloque negro. Bajo su versión, la narrativa sobre una represión a jóvenes fue construida posteriormente en redes.
La mandataria insistió en que los jóvenes mexicanos “no son violentos” y que la protesta fue encabezada por actores con intereses políticos. Este discurso tomó más fuerza después de que Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, difundiera un contrato que vincula a Edson Andrade —uno de los principales promotores de la marcha— con el PAN en la Ciudad de México por servicios de estrategia digital. Según el documento, Andrade habría recibido más de 2.1 millones de pesos por esos trabajos.
Andrade respondió rechazando cualquier filiación partidista y acusó persecución política, lo que elevó aún más la tensión en el debate público. En este escenario, la discusión sobre la Generación Z dejó de ser un asunto de protesta juvenil para convertirse en un nuevo campo de batalla entre el gobierno federal y la oposición. Cada uno busca encuadrar la narrativa: un intento de manipulación política, según el oficialismo; un intento de criminalización del descontento ciudadano, según el PAN.
Lo que queda claro es que el episodio sigue escalando, y el Senado será ahora un nuevo escenario donde ambas versiones buscarán imponerse.
