Por Juan Pablo Ojeda
La tensión en el campo mexicano vuelve a colocarse sobre la mesa del Gobierno federal. Este martes 16 de diciembre de 2025, agricultores de distintas regiones del país tienen programada una nueva reunión con funcionarios del Gobierno de México, con la intención de destrabar conflictos que arrastran desde hace meses y, sobre todo, evitar una nueva ola de bloqueos carreteros que podría comenzar en las próximas horas.
Los productores llegan al encuentro con una agenda clara. Entre los temas centrales está la reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que ha generado inquietud en el sector rural, así como la exigencia de precios justos para sus cosechas, un reclamo que se repite ante el encarecimiento de insumos y las dificultades para competir en el mercado. Para los agricultores, estas discusiones no son menores: de ellas depende, aseguran, la viabilidad de su actividad y la subsistencia de miles de familias.
El mensaje desde el campo ha sido directo. Los productores han advertido que, si no hay resultados concretos en las mesas de diálogo con las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Gobernación, retomarán las movilizaciones que ya se vivieron en noviembre. Incluso han elevado el tono al señalar que, además de carreteras y aduanas, ahora contemplan el cierre de puertos marítimos, lo que podría generar un impacto mayor en la economía y el comercio.
Desde su perspectiva, el momento es decisivo. Aseguran que no pueden “bajar la guardia” porque lo que está en juego no es solo una reforma legal, sino el futuro de las cosechas, la tierra y las comunidades rurales. La presión busca forzar respuestas rápidas y compromisos claros por parte de las autoridades.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación ha reiterado que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene la obligación de escuchar y construir soluciones mediante el diálogo. La dependencia ha señalado que se han realizado acercamientos a través de sus oficinas de representación y con apoyo de gobiernos estatales, aunque también ha reconocido que en ocasiones los líderes de las movilizaciones han rechazado sentarse a negociar.
El gobierno ha subrayado que respeta el derecho a la manifestación, pero insiste en que estas protestas deben realizarse con responsabilidad, evitando afectaciones al libre tránsito y a servicios esenciales. La advertencia es clara: el diálogo sigue abierto, pero se busca evitar que las protestas escalen y perjudiquen a terceros.
Así, la reunión de este martes se perfila como un punto de inflexión. De su resultado dependerá si el conflicto se encamina hacia una salida negociada o si el país vuelve a enfrentar bloqueos que pondrían presión adicional sobre la economía y la gobernabilidad.
