El Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad clasificar como parcialmente confidencial la documentación relacionada con 369 personas aspirantes a ocupar consejerías del Instituto Nacional Electoral, al considerar que los expedientes contienen datos personales protegidos por la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública.
La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria del órgano colegiado y dejó sin efectos el acuerdo OR/CT/15/05/2026.12, emitido previamente el 15 de mayo.
El nuevo acuerdo establece que la documentación generada, recibida, integrada, evaluada o resguardada durante el proceso de selección de tres consejerías electorales del Consejo General del INE será entregada únicamente con versiones parcialmente testadas para proteger información sensible de las personas participantes.
La resolución responde a diversas solicitudes de acceso a la información presentadas ante la Cámara de Diputados y también a una petición realizada por Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien solicitó revisar la clasificación para encontrar un equilibrio entre el derecho ciudadano a la información pública y la protección de datos personales.
Durante la sesión, presidida por Aliza Klip Moshinsky, el Comité de Transparencia analizó los alcances legales del caso y concluyó que varios documentos contenidos en los expedientes incluyen información sensible cuya difusión total podría vulnerar derechos de privacidad.
Entre los documentos considerados parcialmente confidenciales se encuentran cartas de solicitud de registro, currículums con fotografía, actas de nacimiento, cartas bajo protesta de decir verdad, cartas de aceptación de bases, exámenes y hojas de respuesta, solicitudes de revisión, fichas de evaluación, preguntas ciudadanas y opiniones enviadas sobre las personas aspirantes.
El Comité explicó que estos documentos contienen datos como firmas autógrafas, fotografías, números telefónicos, correos electrónicos, CURP, fechas de nacimiento, domicilios, estado civil y calificaciones individuales emitidas por integrantes del comité evaluador.
De acuerdo con el órgano colegiado, la clasificación se sustenta en el artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece la obligación de proteger datos personales cuando la divulgación pueda afectar la privacidad de las personas.
El documento aprobado señala que la medida busca cumplir con el principio de proporcionalidad, garantizando el mayor acceso posible a la información pública sin exponer información personal innecesaria.
Además, el Comité recordó que existen antecedentes similares en procesos anteriores de designación de consejerías electorales. En 2023, por ejemplo, también se clasificaron parcialmente expedientes, exámenes y evaluaciones de personas aspirantes al INE.
Durante la sesión se informó igualmente que existen juicios para la protección de derechos político-electorales relacionados con distintas etapas del proceso de elección de las tres consejerías del Consejo General del INE, lo que también fue considerado dentro del análisis jurídico realizado por la Cámara de Diputados.
A la reunión asistieron los cinco integrantes del Comité de Transparencia, entre ellos Hugo Rosas de León, Ileana Hidalgo Rioja, Andrés Lozano Lozano y Adolfo Román Montero, además de representantes de los grupos parlamentarios y funcionarios técnicos de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política.
La resolución se da en medio del debate sobre los alcances de la transparencia en los procesos de designación de órganos autónomos y sobre la necesidad de equilibrar el acceso ciudadano a la información con la protección de datos personales de quienes participan en procedimientos públicos de alta relevancia institucional.
