Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrió un nuevo frente, ahora en el terreno legal y digital. Desde Palacio Nacional, informó que su gobierno analiza posibles acciones legales contra el empresario Elon Musk, luego de los mensajes que éste publicó en la red social X, donde cuestionó la estrategia de seguridad mexicana e insinuó que la mandataria estaría influenciada por cárteles.
La declaración no fue improvisada. En su conferencia matutina del 24 de febrero de 2026, Sheinbaum señaló que el equipo jurídico del gobierno ya revisa el tema. En términos claros: el Ejecutivo evalúa si los dichos del magnate podrían configurar algún tipo de daño moral, difamación o afectación institucional que amerite una respuesta en tribunales.
El choque ocurre días después de un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, donde fuerzas de seguridad abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. La acción fue presentada por el gobierno como un golpe estratégico contra una de las estructuras criminales más violentas del país.
Tras ese operativo, Musk publicó mensajes en los que puso en duda la legitimidad de la estrategia de seguridad y lanzó acusaciones directas contra la presidenta. La polémica escaló rápidamente en redes sociales y provocó reacciones de legisladores afines a la llamada Cuarta Transformación, quienes defendieron la postura del gobierno y criticaron al empresario.
Desde el punto de vista político, el tema es delicado. Por un lado, se trata de la libertad de expresión de un empresario con influencia global. Por otro, de la defensa de la investidura presidencial y de la narrativa oficial en torno a la seguridad nacional. En este equilibrio se mueve la decisión jurídica que analiza el gobierno.
Sheinbaum dejó claro que, más allá de los señalamientos, su prioridad es el respaldo ciudadano. Afirmó que la mayoría de la población reconoce el trabajo de las Fuerzas Armadas y las acciones emprendidas en materia de seguridad. En otras palabras, el mensaje es que el gobierno no basa su legitimidad en lo que se diga en redes sociales, sino en el apoyo interno.
Si prospera una acción legal, el caso podría abrir un debate internacional sobre los límites de la crítica política en plataformas digitales y el alcance de las responsabilidades cuando se trata de figuras públicas de alto perfil. Por ahora, el expediente está en manos de los abogados y el episodio se suma a la ya compleja relación entre política, seguridad y redes sociales en México.
