Por Juan Pablo Ojeda
Guatemala inició este lunes bajo un estado de sitio decretado por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León, luego de una escalada de violencia registrada el fin de semana que incluyó motines en centros penitenciarios y ataques armados contra fuerzas de seguridad. La medida, con una vigencia inicial de 30 días, responde a una ofensiva atribuida a presuntos pandilleros tras la recuperación del control de varias cárceles por parte del Estado.
La cifra de policías asesinados ascendió a nueve, luego de que uno de los agentes heridos durante los ataques del domingo falleciera en las últimas horas. Las autoridades señalan que se trató de una acción coordinada en represalia por la intervención gubernamental en tres prisiones, donde se registraron motines el sábado previo.
Durante un acto solemne realizado este lunes por la mañana, la Policía Nacional Civil rindió homenaje a los agentes caídos. El ministro de Gobernación, Marco Villeda, acompañado por el presidente Arévalo, subrayó que el país no cederá ante la violencia y destacó el sacrificio de los policías asesinados, a quienes calificó como servidores que cumplieron con su deber en un momento crítico para la seguridad nacional.
El estado de sitio, contemplado en la Constitución guatemalteca para enfrentar amenazas como el terrorismo o la sedición, permite la detención de personas sin orden judicial y deberá ser ratificado por el Congreso en un plazo de tres días. Mientras tanto, el Ejecutivo aseguró que la intención es preservar la vida cotidiana de la población en la mayor medida posible.
Aun así, este lunes se suspendieron las clases en el sector público y privado, y se registró una reducción en la movilidad, así como menor afluencia en mercados y centros de trabajo, algunos de los cuales optaron por esquemas de labores a distancia.
En un mensaje a la Nación, Arévalo de León afirmó que la violencia no marcará el rumbo del país y sostuvo que las estructuras criminales están reaccionando con desesperación ante una estrategia de seguridad que, aseguró, está dando resultados. Desde el año pasado, el gobierno mantiene una confrontación abierta con las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, tras el traslado de sus líderes a una cárcel de máxima seguridad y la cancelación de privilegios otorgados en administraciones anteriores.
