Por Juan Pablo Ojeda
El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, responsabilizó a Morena del repunte de casos de sarampión en el país y de las muertes derivadas del brote que comenzó en febrero de 2025.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, el brote acumula 10 mil 085 casos confirmados y 31 defunciones a nivel nacional. En un video difundido en la red social X, el líder panista expresó solidaridad con las familias afectadas, especialmente con aquellas que perdieron a niñas y niños, y calificó la situación como un dolor que “apenas podemos imaginar”.
Romero sostuvo que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se desmanteló el sistema nacional de vacunación y desapareció el Seguro Popular, lo que —afirmó— debilitó la cobertura de inmunización en el país. Según su señalamiento, siete de cada diez menores fallecidos por el brote no habrían sido vacunados oportunamente, lo que calificó como un acto de negligencia.
El dirigente panista también acusó que en 2022 se dejaron sin ejercer 44 mil millones de pesos destinados a vacunación. “Sí existía el dinero, pero no lo quisieron usar”, afirmó, al cuestionar las prioridades presupuestales del gobierno federal.
En su mensaje, criticó además la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que operó de 2020 a 2023 y que posteriormente fue sustituido por el IMSS Bienestar. Romero señaló que los cambios no resolvieron problemas estructurales como el desabasto de medicamentos y la falta de atención médica en diversas regiones.
Más allá del señalamiento político, el líder del PAN planteó una propuesta concreta: blindar el presupuesto destinado a vacunación para que solo pueda utilizarse con ese fin y crear un registro nacional digital obligatorio que permita dar seguimiento puntual a la cobertura.
El debate no es menor. Las campañas de vacunación son una política pública clave en cualquier sistema de salud, porque previenen enfermedades antes de que generen costos humanos y económicos mayores. Cuando la cobertura baja, el riesgo no solo es individual, sino colectivo. Por eso, el cruce de acusaciones ocurre en un terreno sensible: la protección de la infancia y la responsabilidad del Estado en garantizarla.
