Por Juan Pablo Ojeda
Una jueza federal de Estados Unidos ordenó restringir algunas de las tácticas utilizadas por agentes migratorios desplegados en Mineápolis, luego de considerar que vulneraron derechos constitucionales de manifestantes y observadores pacíficos durante operativos recientes.
La jueza de distrito Kate Menéndez, con sede en Minnesota, emitió el fallo el viernes como respuesta a una demanda presentada contra el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales. En su resolución, prohibió expresamente que los agentes tomen represalias contra personas que participen en protestas no violentas o que se limiten a observar y documentar las acciones de las autoridades.
La decisión judicial representa una victoria para activistas y organizaciones civiles de la ciudad más poblada de Minnesota, donde se registraron protestas tras la muerte de Renee Good, una mujer de 37 años que fue abatida por un agente migratorio semanas después de presentada la demanda, hecho que incrementó la tensión social en la zona.
La orden, de 83 páginas, establece que los agentes federales no pueden detener a manifestantes pacíficos ni a observadores, salvo que existan sospechas razonables de que están interfiriendo activamente con la aplicación de la ley o cometiendo un delito. Asimismo, se les prohíbe el uso de gas lacrimógeno, spray de pimienta u otros métodos de control de multitudes contra personas que protesten de manera no violenta o que simplemente graben los operativos.
Menéndez subrayó en su resolución que el gobierno federal no logró justificar por qué sería necesario detener o usar la fuerza contra observadores pacíficos, al tiempo que recalcó que el derecho a la protesta y a la observación ciudadana está protegido por la Constitución.
El fallo también impide a los agentes detener vehículos, conductores o pasajeros sin fundamentos claros de que estén obstruyendo o interfiriendo por la fuerza con las labores federales, limitando así el margen de actuación en operativos migratorios urbanos.
La resolución se da en un contexto de creciente debate nacional sobre el uso de la fuerza por parte de autoridades migratorias y el equilibrio entre seguridad, control fronterizo y libertades civiles en Estados Unidos.
