Por Juan Pablo Ojeda
El proceso de federalización de los servicios de salud en México aún no logra cobertura total. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que ocho estados de la República no han firmado el convenio de transferencia y transición para incorporarse al modelo IMSS-Bienestar, eje central de la estrategia sanitaria del gobierno federal.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario fue cuestionado sobre el caso de Coahuila, entidad que continúa fuera del esquema. Ante versiones que apuntan a posibles conflictos de interés vinculados con la venta y distribución de medicamentos en el ámbito estatal, Robledo respondió que desconoce las razones específicas por las que ese gobierno no se ha adherido y dejó en claro que corresponde a las autoridades locales explicar su postura.
“El porqué no se han adherido debe explicarlo el propio gobierno estatal; nosotros hemos señalado las ventajas del modelo”, sostuvo.
El programa IMSS-Bienestar busca centralizar la operación de los servicios de salud pública que antes dependían de las secretarías estatales, con el objetivo de homologar la atención médica, el abasto de medicamentos y las condiciones laborales del personal sanitario. De acuerdo con Robledo, uno de los principales beneficios es que las y los trabajadores pasan a un esquema con mayor certidumbre laboral, bajo nuevas condiciones generales de trabajo definidas en el modelo federalizado.
El funcionario explicó que el proceso implica no solo la firma de un convenio político, sino también una transición administrativa y financiera compleja: transferencia de hospitales, clínicas, nómina, infraestructura y responsabilidades operativas. En ese contexto, indicó que el IMSS-Bienestar mantiene diálogo con las entidades que aún no se han incorporado para ampliar información y aclarar dudas sobre el alcance del cambio.
La federalización de los servicios de salud ha sido uno de los proyectos prioritarios desde la administración anterior y se mantiene como una política estratégica en el actual gobierno. La intención es consolidar un sistema que garantice atención gratuita a la población sin seguridad social, reduciendo desigualdades regionales en cobertura y calidad.
Sin embargo, la permanencia de ocho estados fuera del convenio revela que el proceso también tiene una dimensión política. Las decisiones locales, los cálculos presupuestales y las estructuras previamente establecidas influyen en la velocidad de adhesión. En entidades donde los gobiernos estatales han optado por mantener el control directo de los servicios sanitarios, el debate se centra en la autonomía administrativa y en la viabilidad operativa del modelo federal.
Mientras tanto, el gobierno federal continúa promoviendo la incorporación de las entidades restantes, con el argumento de que la centralización permitirá mayor eficiencia, transparencia en el uso de recursos y mejores condiciones laborales para el personal médico.
El desenlace dependerá de la negociación política y de la evaluación que cada estado haga sobre los costos y beneficios de integrarse plenamente al IMSS-Bienestar, en un contexto donde la salud pública sigue siendo uno de los temas más sensibles para la ciudadanía.
