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Ciudad de México, 17 de noviembre de 2023 – Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, anunció que existe una orden de aprehensión en contra de Luisa Gutiérrez Ureña, diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), como parte de una amplia investigación sobre corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez. Sin embargo, la ejecución de esta orden se ha visto obstaculizada, ya que la legisladora se ha amparado.

Durante una conferencia de prensa celebrada en un inmueble confiscado que pertenecía al ex director de Obras de Benito Juárez, Nicias René Aridjis, y ocupado por el ex jefe delegacional Christian von Roehrich, Godoy reveló que la fiscalía recibió el amparo con suspensión el pasado martes.

Godoy subrayó que las acusaciones contra Gutiérrez Ureña no son nuevas y están basadas en investigaciones que datan de hace más de un año. La fiscal desmintió que se tratara de una denuncia por narcomenudeo, como Gutiérrez Ureña había afirmado en redes sociales, y especificó que la orden de aprehensión se relaciona con su desempeño como servidora pública y su implicación en la red de corrupción inmobiliaria.

La fiscalía ha logrado asegurar 60 inmuebles en casi dos años como parte de esta investigación, incluyendo 11 casas y edificios que pertenecían a los ex directores del Jurídico y Obras, Luis Vizcaíno y Nicias Aridjis, condenados por enriquecimiento ilícito. Uno de estos inmuebles, valuado en más de 17 millones de pesos, se destaca por su lujosa construcción y acabados, y fue habitado por Von Roehrich.

Godoy aclaró que no hay investigaciones en curso contra el alcalde con licencia de Benito Juárez, Santiago Taboada, y enfatizó que en la fiscalía no se persigue a políticos, sino a presuntos delincuentes.

Respecto a los detalles de las investigaciones y los nombres de otros implicados, incluyendo constructoras, la fiscal se reservó la información para no comprometer las indagaciones en curso. También mencionó una solicitud a Telcel para revisar documentos relevantes para el caso, reafirmando el compromiso de la fiscalía de no incurrir en prácticas de espionaje.

Este caso pone de manifiesto la compleja red de corrupción en el sector inmobiliario en la Ciudad de México y los desafíos legales que enfrentan las autoridades para llevar a los presuntos responsables ante la justicia.

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