Por Juan Pablo Ojeda
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que su país continuará trabajando para detener el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano, luego de que autoridades estadounidenses informaran el aseguramiento de más de 4 mil armas que tenían como destino a los cárteles.
El pronunciamiento ocurre en un momento clave para la relación bilateral en materia de seguridad. Johnson señaló que, para el presidente Donald Trump, es prioridad desarmar a las organizaciones criminales y frenar el flujo de armamento. Añadió que seguirán colaborando con la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar la aplicación firme de la ley y mayor seguridad en ambos países.
Un día antes, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) informó que, desde el 20 de enero de 2025, ha decomisado 36 mil 277 armas de fuego. De ese total, 4 mil 359 estaban destinadas a México, donde presuntamente serían utilizadas por organizaciones criminales. El operativo también incluyó más de 2.3 millones de cartuchos, de los cuales cerca de 649 mil rondas tenían como destino territorio mexicano.
El subdirector de la ATF, Robert Cekada, subrayó que el tráfico de armas no es un problema exclusivo de la frontera sur, sino una amenaza nacional dentro de Estados Unidos, al advertir que las redes de suministro operan en distintos puntos del país.
Del lado mexicano, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que en lo que va de la actual administración se han asegurado 18 mil armas largas y cortas, y que entre el 77 y 78 por ciento provienen de Estados Unidos. También detalló el decomiso de lanzagranadas, lanzacohetes y ametralladoras de alto calibre.
El tráfico de armas se ha convertido en uno de los puntos más sensibles de la agenda bilateral. Mientras México exige mayores controles para frenar el ingreso de armamento que termina en manos de los cárteles, Washington mantiene presión para que se intensifique el combate al narcotráfico, en particular al fentanilo, y el control migratorio.
En el fondo, ambos gobiernos enfrentan un desafío compartido: reducir la capacidad de fuego del crimen organizado y cortar el circuito financiero y logístico que sostiene la violencia en la región.
