Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó profundizar sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no atraer el amparo promovido por Elba Esther Gordillo, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), lo que deja firme la sentencia que la obliga a pagar más de 19 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Durante su conferencia matutina desde Irapuato, la mandataria fue cuestionada sobre el tema y respondió de forma breve: “Es un asunto de la Corte”, marcando distancia del proceso judicial y evitando emitir una valoración política sobre el fallo.
Un día antes, el Pleno de la SCJN rechazó revisar el amparo presentado por Gordillo y confirmó la resolución que la obliga a cubrir un adeudo de 19 millones 269 mil 323 pesos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009. La decisión fue tomada por unanimidad, bajo el argumento de que el caso no planteaba un tema de constitucionalidad que justificara su análisis.
El origen del litigio se remonta a 2016, cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó un crédito fiscal por ISR omitido, tras detectar ingresos distintos a salarios, entre ellos depósitos bancarios y pagos a tarjetas de crédito y servicios vinculados a la exdirigente sindical.
Gordillo sostuvo que dichos recursos correspondían a gastos realizados en representación del SNTE. Sin embargo, las autoridades fiscales concluyeron que no presentó documentación suficiente para acreditar comisiones u órdenes formales que respaldaran esos movimientos financieros.
El caso fue impugnado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y posteriormente mediante juicio de amparo, pero las resoluciones confirmaron la facultad de la autoridad hacendaria para considerar como ingresos acumulables los montos detectados.
En su demanda, la exlideresa magisterial argumentó que la Ley del ISR vulneraba sus garantías de audiencia y acceso a la justicia. No obstante, la Corte determinó que esos planteamientos no configuraban un problema constitucional directo, cerrando así de manera definitiva el litigio fiscal.
Con la decisión del máximo tribunal, el adeudo queda firme y concluye un proceso legal que se extendió por varios años, en uno de los casos fiscales más emblemáticos vinculados a una figura histórica del sindicalismo mexicano.
