Por Juan Pablo Ojeda
En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa un dato que, dijo, refleja el impacto de la política económica reciente: México registró en 2025 el nivel más bajo de pobreza laboral desde que se mide este indicador.
La cifra, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que la pobreza laboral se ubicó en 33.9% durante 2025. En términos sencillos, este indicador mide el porcentaje de personas cuyo ingreso no alcanza para comprar la canasta básica alimentaria, es decir, quienes aun trabajando no logran cubrir lo mínimo indispensable para vivir.
Durante la presentación, la mandataria recordó que en 2020 —año marcado por la crisis económica derivada de la pandemia— el nivel llegó a 44.2%, el más alto del registro reciente. A partir de ahí, comenzó una tendencia descendente: 40.7% en 2021, 38.9% en 2022, 37.5% en 2023 y 35.3% en 2024, hasta alcanzar el 33.9% en 2025.
Más allá del dato puntual, el mensaje político es claro: el gobierno busca posicionar la narrativa de que el incremento al salario mínimo, los programas sociales y la estabilidad en el empleo formal han ayudado a que más personas puedan cubrir sus necesidades básicas con su ingreso laboral.
Sin embargo, el reto sigue siendo grande. Aunque el porcentaje ha bajado de forma constante, todavía una de cada tres personas en el país enfrenta dificultades para comprar la canasta básica con lo que gana. El debate hacia adelante no solo será mantener la tendencia a la baja, sino acelerar el ritmo de mejora en un contexto internacional complejo y con presiones inflacionarias que impactan directamente en el bolsillo de las familias.
La discusión económica ya no gira solo en torno a crecimiento del PIB, sino a cuánto de ese crecimiento se traduce en bienestar tangible. Y la pobreza laboral, en ese sentido, se ha convertido en uno de los termómetros más sensibles para medir si el ingreso realmente alcanza.
