Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puso sobre la mesa un debate que ya empezó a generar ruido en la política local y nacional: la viabilidad jurídica de la llamada “Ley Esposa”, aprobada recientemente en San Luis Potosí y que establece la alternancia de género en la gubernatura, comenzando con una candidatura obligatoria de mujer en 2027.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que antes de tomar una postura definitiva es necesario revisar si esta medida es jurídicamente procedente, ya que el país ya cuenta con mecanismos claros para garantizar la paridad de género en las candidaturas, definidos por el Instituto Nacional Electoral.
La presidenta recordó que el INE estableció que, si en 2027 se eligen 17 gubernaturas, los partidos están obligados a postular al menos nueve candidatas mujeres y ocho hombres. Este esquema, afirmó, ha sido clave para que hoy haya más gobernadoras en el país y para romper la idea del pasado de que las mujeres no pueden encabezar gobiernos estatales o cargos de alta responsabilidad.
Sheinbaum reconoció que la alternancia obligatoria —una elección mujer, otra hombre— puede tener ventajas, pero también desventajas, y advirtió que no siempre este tipo de reglas tienen como objetivo real fortalecer la paridad. En algunos casos, dijo, podrían responder a otros intereses políticos.
Por ello, hizo un llamado a los congresos estatales que analizan reformas similares a revisar a fondo sus implicaciones legales y políticas. Subrayó que, dado que los partidos ya están obligados a cumplir con la paridad en sus postulaciones, no está claro que imponer la alternancia automática realmente beneficie a las mujeres.
La mandataria explicó que incluso solicitó al ministro Arturo Zaldívar revisar si este tipo de disposiciones encajan dentro del marco legal vigente, independientemente de que algún partido político decida impugnarlas o no.
El tema cobró mayor relevancia luego de que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunciara que el partido promoverá una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Esposa, al considerar que busca imponer candidaturas, particularmente de cónyuges de gobernadores en funciones, antes de que entre en vigor la reforma constitucional contra el nepotismo en 2030.
La llamada Ley Esposa, aprobada por el Congreso de San Luis Potosí, establece que en el proceso electoral de 2027 únicamente podrán registrarse candidatas mujeres para la gubernatura y que, en los procesos siguientes, se aplicará el principio de alternancia de género.
Para Sheinbaum, el debate no está cerrado: la paridad es un avance incuestionable, pero cualquier regla adicional debe analizarse con cuidado para asegurar que fortalezca la democracia y no genere distorsiones en el sistema electoral.
