Por Juan Pablo Ojeda
La presión volvió a colocarse sobre la mesa. Transportistas y productores del campo dejaron claro que la tregua alcanzada a finales del año pasado tiene fecha de caducidad si no hay resultados concretos por parte del gobierno federal. Ayer, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional de Rescate para Defensa del Campo Mexicano (FNRCM) sostuvieron su primera reunión del año con autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), pero antes de entrar al encuentro lanzaron una advertencia pública: si no hay avances reales, regresarán los megabloqueos carreteros.
Desde el Monumento a la Revolución, dirigentes del movimiento explicaron que la estrategia de movilización cambiaría. Ya no se trataría de concentrarse frente a Palacio Nacional, sino de tomar accesos y carreteras en distintos puntos del país. La razón, dijeron, es que la crisis del campo y la inseguridad que enfrentan los transportistas no es un problema local ni sectorial, sino una responsabilidad nacional.
David Estévez Gamboa, presidente de la ANTAC, fue directo al señalar que los transportistas no pueden cargar solos con la seguridad en las carreteras ni con el rescate del campo. Aseguró que la situación que viven —extorsiones, asaltos constantes y falta de precios justos— es crítica y afecta a toda la cadena productiva. Por ello, advirtió que, si vuelven a movilizarse, los bloqueos podrían extenderse no cuatro días como en ocasiones anteriores, sino hasta diez, o el tiempo que sea necesario para que se atiendan los acuerdos pendientes.
El mensaje fue respaldado por representantes del FNRCM de estados como Sinaloa y Zacatecas, quienes recordaron que en diciembre pasado se acordó una tregua precisamente para dar espacio al diálogo. Sin embargo, sostienen que los compromisos asumidos por las autoridades no han mostrado avances suficientes, lo que mantiene al sector en incertidumbre.
A la tensión por posibles bloqueos se suma otro factor: la existencia de carpetas de investigación contra manifestantes. Estévez Gamboa denunció públicamente que alrededor de 50 transportistas enfrentan procesos derivados de las protestas, y sostuvo que no se trata de delitos, sino de la criminalización de un problema social. Dijo que, de haber cometido algún ilícito real, serían los primeros en exigir sanciones, pero insistió en que las denuncias surgen por levantar la voz.
Sobre este punto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reconoció que se abrieron carpetas tras las movilizaciones, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista una persecución contra los manifestantes y atribuyó el señalamiento a una posible confusión. Aclaró que cerrar carreteras es un delito en términos legales, pero eso no implica que el gobierno vaya a perseguir a quienes se manifiestan.
Por ahora, el diálogo sigue abierto, pero la advertencia quedó clara. Si el campo y el transporte no ven respuestas concretas en seguridad, precios y cumplimiento de acuerdos, las carreteras podrían volver a convertirse en el principal escenario de protesta.
