Al filo de la noticia
En el Senado se encendió una de esas discusiones que dejan claro que hablar de agua en México es hablar de poder. La nueva Ley General de Aguas, que lleva años atorada y que pretende poner orden en quién usa el recurso y para qué, explotó en un duelo político entre Morena y el PAN que terminó con acusaciones de acaparamiento, amenazas de exhibiciones públicas y un pleno convertido en ring.
En San Lázaro se armó una de esas escenas que muestran cómo una decisión técnica puede convertirse en una bomba política cuando la gente siente que no la escuchan. Afuera de la Cámara de Diputados, un grupo de campesinos, ganaderos y agricultores llevaba horas manifestándose por la discusión de la reforma en materia de agua, un tema que para ellos no es teoría: es su forma de vida, su cosecha, su ingreso, su futuro. Y ahí, en medio de pancartas y reclamos, se enteraron de que el debate que esperaban para el día siguiente podría adelantarse en el Pleno. Eso encendió aún más los ánimos.
La discusión por el presupuesto 2026 en la Ciudad de México volvió a encender ánimos, ahora con un choque directo entre el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y diputados de Morena en el Congreso capitalino. Todo comenzó cuando la bancada oficialista rechazó la solicitud del edil para reponer una mesa de trabajo donde, según él, buscaba exponer propuestas sobre el presupuesto. Sin embargo, Morena argumentó que la petición llegaba tarde, fuera del procedimiento y dirigida a un órgano sin facultades, además de que la figura de “mesa de trabajo” que pedía simplemente no existe en la Ley Orgánica ni en el reglamento interno.
En San Lázaro se armó una de esas discusiones donde, más allá de los tecnicismos, lo que está en juego es algo tan simple y tan profundo como abrir la llave y que salga agua. Diputadas y diputados del PAN, especialmente quienes integran la Comisión de Recursos Hidráulicos, levantaron la mano para advertir que la reforma a la Ley General de Aguas que impulsa el gobierno federal trae más remiendos que una chamarra vieja: más de 90 correcciones, y aun así —dicen— sigue generando más dudas que soluciones.
El pleito político subió de nivel y ahora llegó directo a la mesa del árbitro electoral. El diputado Arturo Ávila Anaya, de Morena, presentó ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE una denuncia que acusa al PAN de operar un esquema de propaganda disfrazada, contratos irregulares y presunto uso indebido de dinero público. En pocas palabras: que los azules habrían armado una campaña “ciudadana” que, según él, no era tan ciudadana.
La discusión sobre el agua volvió a encender los ánimos en San Lázaro. A pesar de que el dictamen de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales ya suma 56 cambios para atender las exigencias de productores agrícolas, las bancadas del PRI y PAN anunciaron su rechazo total a la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
En el Congreso la discusión sobre la nueva Ley de Aguas agarró ritmo, pero también llegó con una advertencia clara desde el campo: “si no nos escuchan, no nos movemos”. Así lo resumió Eraclio Rodríguez Gómez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, quien anda de reunión en reunión con diputados de prácticamente todas las bancadas para que la ley no se cocine desde la oficina, sino desde la realidad que se vive en los ejidos, los distritos de riego y las comunidades agrícolas de todo el país.
El diputado federal Ávila cuenta que, aunque su residencia formal está en Aguascalientes, sus labores como vocero parlamentario lo mantienen buena parte del tiempo en la Ciudad de México, y específicamente en la alcaldía Cuauhtémoc, donde asegura que se ha vuelto un vecino más. Y eso, dice, lo ha convertido en receptor directo del enojo de cientos de habitantes que están cansados de lo que consideran un abandono evidente por parte de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.
La discusión sobre cómo castigar la extorsión en México volvió a encender el ánimo en San Lázaro, y esta vez el PAN salió a decir: “se los dijimos”. El diputado Elías Lixa explicó que la Cámara de Diputados había aprobado una reforma que, en lugar de endurecer las penas contra los extorsionadores, las bajaba por debajo de lo que ya tenían varios estados. En pocas palabras, una reforma que pretendía combatir un delito terminaría abriendo la puerta para que delincuentes ya encarcelados pudieran salir libres. Y, para rematar, también se reducían sanciones contra funcionarios que se prestaran al juego de los criminales.
El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, volvió a encender el panorama político al acusar a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, de usar el asesinato de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo, para impulsar una aspiración política rumbo a la gubernatura de Michoacán. Todo luego de que Quiroz pidiera investigar a los morenistas Raúl Morón y Leonel Godoy por posibles vínculos con grupos criminales relacionados con el homicidio de Manzo.
