Al filo de la noticia
En el Senado se encendió una de esas discusiones que dejan claro que hablar de agua en México es hablar de poder. La nueva Ley General de Aguas, que lleva años atorada y que pretende poner orden en quién usa el recurso y para qué, explotó en un duelo político entre Morena y el PAN que terminó con acusaciones de acaparamiento, amenazas de exhibiciones públicas y un pleno convertido en ring.
En San Lázaro se armó una de esas escenas que muestran cómo una decisión técnica puede convertirse en una bomba política cuando la gente siente que no la escuchan. Afuera de la Cámara de Diputados, un grupo de campesinos, ganaderos y agricultores llevaba horas manifestándose por la discusión de la reforma en materia de agua, un tema que para ellos no es teoría: es su forma de vida, su cosecha, su ingreso, su futuro. Y ahí, en medio de pancartas y reclamos, se enteraron de que el debate que esperaban para el día siguiente podría adelantarse en el Pleno. Eso encendió aún más los ánimos.
En el Congreso mexicano, el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, lanzó advertencias sobre la iniciativa de Ley de Aguas que está en discusión. Según el legislador, hay preocupaciones que no han sido tomadas en cuenta por quienes impulsan la reforma y, además, el proyecto no garantiza más producción agrícola. “Nos dicen que quieren que haya distritos de riego, que se produzca más. Pues creo que eso todos lo queremos, pero la ley que se está presentando no nos lleva exactamente a eso”, explicó.
El debate sobre la reforma en materia de extorsión volvió a encender el ánimo en San Lázaro, pero esta vez con un giro llamativo: el PAN anunció que acompañará la minuta del Senado que endurece las sanciones, mientras desde Morena se defendió el proceso legislativo como parte natural del sistema bicameral. En medio de esa tensión, lo que quedó claro es que la Cámara de Diputados terminó ajustando la ruta que ella misma había aprobado semanas atrás.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dejó claro que el país no puede seguir volteando hacia otro lado mientras miles de transportistas circulan con miedo por las carreteras. Su mensaje fue directo: las investigaciones deben dirigirse a quienes extorsionan, secuestran y matan, no a quienes salen a protestar exigiendo seguridad para poder trabajar sin que la delincuencia les arranque el sustento.
En la Cámara de Diputados se abrió una conversación que toca fibras sensibles y al mismo tiempo revela un hueco enorme en la legislación laboral: el derecho de las y los trabajadores a vivir el duelo sin miedo a perder el empleo o el salario. El diputado Mario Alberto López Hernández, del Partido Verde, presentó una iniciativa que busca algo tan básico como humano: que, ante la muerte de un familiar cercano, la persona trabajadora pueda ausentarse cinco días hábiles con goce de sueldo. Hoy, en muchos centros de trabajo, ese permiso no existe, no está claro o depende enteramente de la buena voluntad del patrón.
La Cámara de Diputados arrancó el día con una doble misión: revisar el funcionamiento de la secretaría que concentra la mayor cantidad de dinero público en todo el país y, al mismo tiempo, abrir las puertas a 75 embajadoras y embajadores que hoy acudirán al recinto legislativo en una recepción inédita. Desde temprano, la presidenta de la Mesa Directiva recordó que la Secretaría del Bienestar será la protagonista del día, pues de entrada hablamos de una dependencia que manejará 674 mil millones de pesos en 2026. Para dimensionarlo sin tecnicismos: es más dinero que el que recibe Educación, Energía y hasta Pemex y la CFE juntas. Es, literalmente, la cartera que sostiene los programas sociales que llegan a millones de familias.
La diputada Greycy Marian Durán Alarcón, del Partido del Trabajo, puso sobre la mesa una propuesta que, aunque suene técnica, ataca un problema que todos vemos diario: policías cansados, mal pagados y con una enorme carga emocional que puede terminar explotando en la calle. Su iniciativa busca reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que los elementos —desde los operativos hasta los administrativos— se sometan no solo a los clásicos exámenes de control de confianza, toxicológicos y médicos, sino también a evaluaciones psicológicas obligatorias y periódicas.
En San Lázaro, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo (PT), aplaudió que se haya pospuesto la discusión de la reforma constitucional que busca emparejar la revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027. En palabras sencillas, esto significa que el Congreso decidió tomarse un tiempo antes de decidir si la consulta para evaluar al presidente debe hacerse el mismo día que se elijan diputados federales.
El debate por el presupuesto federal volvió a encender los ánimos en la Cámara de Diputados. Esta vez, el coordinador del PAN, Elías Lixa, acusó al gobierno y a Morena de actuar con autoritarismo y de bloquear cualquier propuesta opositora para mejorar el gasto público del próximo año. Lo dijo sin rodeos: “con desaseo parlamentario y obediencia absurda, nos impidieron debatir y proponer”, aseguró.
