Al filo de la noticia
En la Cámara de Diputados se vivió un momento clave para uno de los problemas que más lastiman al país: la extorsión. El diputado Ricardo Madrid Pérez explicó que la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión no es solo otra reforma más, sino una respuesta integral del Estado para frenar un delito que ya no solo afecta la cartera, sino la vida diaria y la tranquilidad de millones.
En la Cámara de Diputados se abrió una conversación que toca fibras sensibles y al mismo tiempo revela un hueco enorme en la legislación laboral: el derecho de las y los trabajadores a vivir el duelo sin miedo a perder el empleo o el salario. El diputado Mario Alberto López Hernández, del Partido Verde, presentó una iniciativa que busca algo tan básico como humano: que, ante la muerte de un familiar cercano, la persona trabajadora pueda ausentarse cinco días hábiles con goce de sueldo. Hoy, en muchos centros de trabajo, ese permiso no existe, no está claro o depende enteramente de la buena voluntad del patrón.
En la Cámara de Diputados se abrió un debate que toca fibras sensibles y afecta la vida diaria de millones de personas: cómo construir una Ley General de Aguas que realmente garantice el derecho al agua y ponga orden en un escenario donde la escasez, la contaminación y hasta los mercados negros conviven sin control. El diputado Luis Humberto Aldana Navarro, de Morena, arrancó la discusión recordando que sin una ley fuerte y con dientes, la gente seguirá viviendo al margen del derecho: sin agua suficiente, sin saneamiento adecuado y sin claridad sobre quién es responsable cuando el Estado no garantiza este recurso vital. El problema es que la falta de agua no solo deshidrata; enferma, limita la alimentación, contamina el entorno y vulnera derechos básicos.
En la Cámara de Diputados se abrió un espacio para hablar de un tema duro, incómodo y urgente: el abuso sexual infantil dentro de las escuelas. El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del PVEM, fue claro al advertir que estos casos no pueden quedarse únicamente en manos de directores, prefectos o juntas escolares. Si hay una sospecha, aunque sea mínima, debe llegar de inmediato al Ministerio Público. Nada de trámites eternos, nada de pedir permiso, nada de esperar a que la burocracia decida moverse. La prioridad, dijo, es que ningún caso se pierda en el silencio.
El PVEM llegó hoy al encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum con ánimo de hacer ruido… pero del bueno. Su coordinador en San Lázaro, Carlos Puente, lo dejó clarito: el Verde va con todo y seguirá siendo uno de los pilares más disciplinados de la 4T dentro del Congreso. Para quien no suele meterse en temas legislativos, esto significa algo bastante simple: cada vez que llega una iniciativa respaldada por la presidenta, el Verde la empuja, la vota y la acompaña sin titubeos.
En medio de los debates y tensiones que suelen dominar el Congreso, hubo un tema que unió a todos los partidos: la salud mental. La diputada Liliana Ortiz Pérez, del PAN, celebró que el Pleno haya aprobado su iniciativa para reformar la Ley General de Salud, un cambio que, aunque técnico en el papel, puede marcar una gran diferencia en la vida de miles de personas.
La Cámara de Diputados se tiñó de color morado, y no fue casualidad. El edificio legislativo se iluminó para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Lennox-Gastaut, una enfermedad poco conocida pero muy dura, sobre todo porque afecta a niños pequeños con una forma severa de epilepsia que provoca crisis frecuentes y complicaciones neurológicas.
En México, muchos jóvenes celebran su graduación con toga y birrete, pero meses —incluso años— después, siguen esperando su título profesional. Y sin ese papel, que debería ser un mero trámite, no pueden ejercer su carrera, tramitar su cédula ni acceder a empleos formales. Por eso, la diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso una reforma a la Ley General de Educación Superior que busca poner fin a ese tortuoso proceso.
En el Congreso mexicano, el diputado Mario Alberto López Hernández, del PVEM, está empujando una iniciativa que busca ponerle freno a un problema que muchos quizá no ven todos los días, pero que tiene implicaciones enormes para la seguridad del país. La propuesta reforma el artículo 250 Bis del Código Penal Federal y eleva las penas para quien falsifique uniformes, divisas o credenciales de las fuerzas armadas y de cualquier institución de seguridad pública, pasando de cinco a doce años de cárcel a doce a quince años de prisión.
El debate sobre la reforma a la Ley de Amparo sigue encendido en el Congreso, y esta vez fue el diputado Arturo Ávila Anaya, vocero de Morena, quien salió a defender la propuesta que viene del Senado. Según él, el cambio busca proteger a quienes realmente sufren abusos del Estado, y no a quienes —como evasores fiscales o delincuentes— usan el amparo como una puerta de escape para evitar la justicia.
