Al filo de la noticia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró durante la “Mañanera del Pueblo” que la elección popular de ministros, magistrados y jueces no representa riesgos para la inversión ni para la estabilidad del país.
Un grupo de jueces y magistrados federales cesados alzó la voz tras salir inconformes de una reunión con el Órgano de Administración Judicial (OAJ), a la que acudieron con la esperanza de obtener claridad sobre el proceso de pago de sus indemnizaciones. La reunión, prevista para analizar los criterios de cálculo y entrega de los montos contemplados en las reformas constitucionales de 2024, terminó —según ellos— sin respuestas y con más dudas que certezas.
En el Congreso mexicano se está cocinando una propuesta que busca cambiar la forma en la que resolvemos los conflictos legales, y aunque suena a asunto de abogados, la verdad es que puede impactar directamente la vida de cualquier ciudadano común. El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, de Morena, organizó un foro de Parlamento Abierto para hablar sobre los llamados “Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias”, que no es otra cosa que encontrar la manera de resolver un pleito sin tener que ir directo a los tribunales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió no revisar el voto de calidad emitido por el ministro Alberto Pérez Dayán durante la discusión de un recurso contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Este voto fue determinante para romper el empate en la Segunda Sala en 2024, en un amparo promovido por empresas del sector energético.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que las exenciones fiscales otorgadas a las empresas vinculadas con la organización del Mundial de Futbol 2026 fueron establecidas en un contrato firmado en 2015, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y no corresponden a una decisión de su administración.
El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, volvió a prender las alarmas en el Congreso: según él, la reforma al sistema de amparo que impulsa el oficialismo tiene “trampas” escondidas que podrían darle un giro peligroso a una de las herramientas más importantes que tiene cualquier ciudadano para defenderse del poder del Estado.
En el Congreso, pocas leyes generan tanto debate como la Ley de Amparo, esa herramienta legal que permite a cualquier persona protegerse cuando considera que una autoridad está cometiendo una injusticia. Y ahora, ese escudo ciudadano está siendo revisado de nuevo en la Cámara de Diputados.
En México, el juicio de amparo ha sido, durante casi dos siglos, la herramienta más poderosa que tienen los ciudadanos para defenderse del abuso del poder. Es el escudo que protege a la gente común —a ti, a mí, a una pequeña empresa o a un colectivo— cuando una autoridad toma una decisión injusta o arbitraria. Pero hoy, ese escudo podría estar en riesgo.
En el Congreso mexicano, donde las discusiones suelen ser tan densas como el tráfico en Insurgentes un lunes, algo inusual ocurrió: la Cámara de Diputados detuvo el avance de la nueva Ley de Amparo, una reforma que había levantado críticas por parte de juristas, académicos y la oposición. Los legisladores del PAN no tardaron en calificar este aplazamiento como una “victoria ciudadana”.
Claudia Sheinbaum presentó su Primer Informe rodeada de apoyo masivo
