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Ciudad de México, 6 de septiembre de 2023.- El Gobierno de Estados Unidos ha pedido a las empresas energéticas estadounidenses que preparen declaraciones juradas que documenten cómo las políticas proteccionistas de México dificultaron sus inversiones, cuando Washington se prepara para recrudecer una disputa comercial con su vecino.

La solicitud de declaraciones juradas a las principales compañías petroleras y de energía renovable de Estados Unidos representa la última y más clara señal de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) planea buscar un panel independiente de solución de controversias en el marco del pacto comercial Estados Unidos-México-Canadá, o TMEC.

Las medidas del presidente Andrés Manuel López Obrador para revertir las reformas destinadas a abrir los mercados de energía y petróleo de México a los competidores extranjeros desencadenaron en última instancia la disputa comercial.

Las empresas estadounidenses de energía y electricidad, como Chevron y Marathon Petroleum, que pretendían expandirse en México, se han quejado de que se les han denegado permisos y solicitudes sencillos en decisiones que favorecían a la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la empresa nacional de electricidad Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Estados Unidos podría imponer aranceles a México

Es probable que Estados Unidos recurra a un grupo especial de solución de diferencias antes de fin de año si las conversaciones sobre la cuestión siguen estancadas, y las declaraciones juradas representan pruebas que se incluirían en la solicitud del grupo especial, dijeron las fuentes. Si el panel falla en contra de México y éste no toma medidas correctivas, Washington podría finalmente imponer miles de millones de dólares en aranceles de represalia a los productos mexicanos.

Las medidas se suman a un visible deterioro de las relaciones comerciales entre Washington y Ciudad de México, a pesar de que su integración económica se está profundizando. En agosto, el USTR solicitó la intervención de un panel de solución de controversias del TMEC en un desacuerdo por las restricciones de México a las importaciones de maíz genéticamente modificado. México compra actualmente maíz transgénico estadounidense por valor de unos 5,000 millones de dólares al año, principalmente para alimentar al ganado.

López Obrador, un obstáculo para la resolución

Al igual que en el caso de las políticas energéticas, Washington argumenta que prohibir el maíz transgénico para consumo humano y animal viola las obligaciones de México en virtud del pacto comercial.

Obrador es visto como un obstáculo importante para resolver ambas disputas, ya que considera que la energía y el maíz son importantes para la identidad nacional de México.

El futuro de la relación comercial

La Casa Blanca ha querido evitar una escalada de la tensión comercial energética con México porque necesita ayuda en materia de inmigración y narcotráfico, pero las conversaciones que comenzaron el año pasado han avanzado poco. Elevar las apuestas en la disputa conlleva un riesgo significativo para Joe Biden, quien enfrentará críticas republicanas por su manejo de los flujos de personas en la frontera y el narcotráfico, en su búsqueda de la reelección en 2024.

México superó a Canadá y China para convertirse en el mayor socio comercial de bienes de Estados Unidos en el primer semestre de 2023, alcanzando un comercio total de 396,600 millones de dólares en el período, por el aumento de la producción automotriz de México y porque otras empresas estadounidenses cambian sus líneas de abastecimiento desde China a un lugar más próximo.

El proceso de solución de diferencias

Al buscar un panel de solución de controversias, USTR estaría esencialmente renunciando a las negociaciones, recurriendo en cambio a una forma de litigio creada en la renovación de 2020 del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Según las normas de solución de diferencias del TMEC, en un plazo de 30 días debe convocarse un panel de cinco personas, elegidas de una lista de expertos preaprobados, con un presidente elegido conjuntamente y dos panelistas mexicanos elegidos por la parte estadounidense y dos panelistas estadounidenses elegidos por la parte mexicana. El panel examinará testimonios y escritos y su informe inicial deberá presentarse 150 días después de su convocatoria.

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